Recientemente culminó el lapso establecido en la última ley que habilitó al Presidente de la República para legislar en diversas áreas de la vida nacional. No creo que haya análisis que pueda calibrar la barbaridad que ha significado la aprobación por una legislatura moribunda de una habilitación por 18 meses al Poder Ejecutivo para que dictara leyes de cualquier índole durante la gestión de una asamblea electa que no había asumido sus funciones. Los venezolanos hemos sido víctimas de un disparate jurídico perfeccionado con saña por un Presidente que no se cansa de abusar del absoluto control que posee sobre todos los poderes públicos.
No solo se hace mal uso de un mecanismo especialísimo como la habilitación legislativa, sino que se compromete la gestión de una Asamblea cuyos integrantes ni siquiera se habían juramentado. Se acaba entonces con el sentido plural que un Parlamento debe tener para discutir en plenaria y ante la opinión pública las leyes del país. Durante estos 18 meses nos hemos tenido que conformar con enterarnos de la vigencia de una ley por su publicación en la Gaceta Oficial, sin que medie conocimiento ni previa discusión de su contenido.
Nos corresponde ahora revisar el texto de cada una de esas leyes, 11 de las cuales fueron publicadas el último día posible de la habilitación otorgada. Ya conocemos algunas normas y es obvio que detrás de ellas está la intención de construir un Estado comunal en el cual van muriendo las gobernaciones y las alcaldías y se sigue fortaleciendo un poder nacional en manos de un omnipotente Presidente, quien decide a qué formaciones del poder popular -integradas todas por militantes de su partido político- les envía recursos para mantener una relación, sin intermediarios y controlada, entre el mesías y el pueblo que lo respalda, porque el pueblo que no lo respalda no tendría derecho a nada por ser apátrida y vendido al imperialismo.
El primitivismo de este gobierno se acaba el 7-O, cuando el presidente electo, ahora candidato Henrique Capriles Radonski, ratifique su compromiso con la descentralización y con la solución de los graves problemas de Venezuela, frente a los cuales este Gobierno ha sido corrupto e incapaz.
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