Todo, por la enorme presencia de armas de fuego en el país: el cálculo más conservador habla de seis millones. Así es difícil no salir a la calle sintiendo cierta paranoia.
La tasa oficial de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes. La oposición habla de 64. En cualquier caso, es la peor de Sudamérica, lejos de los 33 de Colombia y los 22 de Brasil.
En lo que sí están de acuerdo oficialistas y opositores es que hasta el 90% de los homicidios se perpetran con un arma de fuego. La media latinoamericana ronda el 75% y en Europa esa tasa es de poco más de un 20%.
La Asamblea Nacional lleva diez meses negociando una ley de desarme. Pero el gobierno, con la
campaña electoral a punto de comenzar, no ha querido esperar para dar un golpe de efecto contra la cultura de la bala prohibiendo terminantemente la compraventa de armas en territorio venezolano.
El problema, según expertos consultados por BBC Mundo, es que esa medida no hace frente a la que consideran la principal fuente de violencia: las armas ilegales.
Más de 6 millones de armas
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), el 2011 fue el año con más muertes violentas desde que se tiene registro. Este 2012 no parece haber mejorado. La situación es tal, que amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
“Muere un venezolano cada 30 minutos y otro es secuestrado cada ocho horas”, denunció el candidato opositor, Henrique Capriles, quien acaba de presentar su “Plan seguridad para todos”.
Aunque el gobierno de Hugo Chávez también hizo lo propio con lo que llama “Misión a toda vida”, que prevé poner en marcha en junio, antes ha optado por una serie de medidas entre las que destaca la prohibición de la compraventa de armas.
“No se podrá vender ni comercializar ningún arma de fuego. La medida alcanza a las municiones. A partir del 1 de junio, se prohíbe terminantemente vender armas en todo el territorio nacional”, anunció el ministro del Interior, Tarek el Aissami.
De hecho, desde marzo pasado ya Venezuela mantenía suspendida la emisión de permisos para portar armas.
Otras iniciativas son la prohibición de acceder con armas a eventos deportivos, recintos públicos y espectáculos públicos. También están excluidas de “bares, cantinas o tabernas, restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y salones de baile”.
Las empresas tendrán hasta mediados del próximo mes de julio para adaptarse a la nueva normativa que exigirá medidas de control como la instalación de arcos detectores de metales, rayos X o registro manual como el cacheo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que abastecerse a través del Ministerio para las Relaciones Interiores y la Justicia.
El Aissami también habló de un proyecto para que en un año estén marcadas todas las municiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con un número que identifique al funcionario que la disparó.
¿Servirá de algo?
Los expertos en seguridad consultados por BBC Mundo, si bien tienden a opinar a favor de las políticas que buscan retirar armas de la circulación, también expresaron sus dudas acerca del verdadero alcance de la iniciativa gubernamental.
El director de OVV, Roberto Briceño, le dijo a BBC Mundo que “avanzar a una sociedad sin armas es deseable, como mensaje de desarme es valioso”, sin embargo, apuntó que la medida “se aplica a las personas honestas que quieren comprar un arma”. “Los malandros y los asesinos no piden permisos”.
“Los ciudadanos sienten que el gobierno no cumple y no ofrece seguridad. Las personas buscan su propia protección”. Me surge una pregunta esa eso malo que los ciudadanos tomen en su mano la protección de los suyos y de ellos mismos?
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en apuntar sus sospechas de que, además del contrabando internacional, las armas y sobre todo de las municiones ilegales provienen de las fuerzas de seguridad.
Así, marcar las municiones de los cuerpos de seguridad con un indicador alfanumérico que identifique el cuerpo del que proviene es uno de los proyectos que el ministro El Aissami confía en que sea una realidad en un año.
Según Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, “los cuatro, seis, nueve millones de armas, no pueden haber venido de privados”.
“Son los cuerpos de seguridad, por corrupción las fueron vendiendo. Hay mucho descontrol en los cuerpos de seguridad del Estado. Cedeño coincide en que “el reto es sacar las armas peligrosas de manos de los delincuentes”. “Pero la gente no lo percibe así. Los civiles se sienten en indefensión ante los delincuentes y creen que necesitan las armas”.
El director de Paz Activa, que está a favor del desarme total de la población, se mostró a favor, sin embargo de la prohibición de venta y la centralización de la distribución.
“El control más estricto debe darse en el interior del Estado. Centralizar la provisión de armas parece una buena idea. Debe haber un registro único que sea descentralizado en cuento a la facultad de alimentarlo”. Otra pregunta, sera acaso que esta desicion le conviene al gobierno??? ya que de ser asi desde cuando lo hubieran hecho
