Venezuela: Salvaje

"¡Aquí estamos, en el salvaje oeste!". Las seis palabras del escritor Leonardo Padrón resumieron ayer, con su habitual ironía descarnada, una cadena de homicidios, linchamientos y pequeñas batallas a tiro limpio que en los últimos días golpean al segundo país más violento del planeta. Como cuando un 'tsunami' abate las costas con la primera ola, cuando llega la segunda es aún más devastadora. Así se presenta hoy la violencia en el país sudamericano, conmovido por el asesinato de un joven dirigente estudiantil, consejero en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y estudiante de Historia.

A Conan Quintana (28) le mataron de dos disparos. De nada le sirvió al líder estudiantil su nombre de guerrero mítico, que en otras ocasiones pareció blindarle con un escudo invisible; tampoco su lucha constante en contra de la violencia que desangra Venezuela. Una de las balas le atravesó el cuello. A él y a su amigo les mataron en La Candelaria, el barrio de emigrantes españoles, para robar el vehículo en el que se disponían a regresar a sus hogares. A pocos metros del Ministerio de Interior, donde ayer se congregaron sus amigos para clamar su desespero.

"Es lamentable ver La Candelaria sumergida en inseguridad, escasez y basura y miles de personas haciendo largas colas", escribió Quintana a finales de abril en sus redes sociales. El joven, que trabajaba de charcutero, se mostraba horrorizado por las sucesivas olas de violencia. La última, es implacable. Dos adolescentes, músicos en el famoso Sistema de Orquestas Nacionales, cayeron abatidos por el hampa. A Carlos Hernández (13) le dispararon mientras robaban en su hogar. Jimbert Hernández (15) quedó atrapado en una balancera callejera. "La inseguridad en Venezuela no es un problema de hampa común, sino de hampa de paramilitares", se justificó Gustavo González, ministro de Interior y uno de los militares sancionados por EEUU por conculcar derechos humanos durante las protestas de 2014.

La ineficaz acción del estado, sumada a la impunidad judicial (de cada 100 asesinatos, sólo nueve van a juicio), han provocado que proliferen los linchamientos de delincuentes. El penúltimo tuvo lugar el jueves en Lomas de Ávila, en Caracas. Dos ladrones fueron agredidos con fiereza por vecinos, después de que atracaran a una mujer que iba con su bebé. El mismo jueves el barrio de Cementerio fue escenario de una batalla a tiro limpio entre bandas y policías, que se prolongó por más de seis horas. Algo parecido ocurrió en Maracay, donde se desplegaron hasta 1.500 agentes para contrarrestar el poder de los malandros de la zona.

En un país donde está prohibido dar información oficial, son las organizaciones no gubernamentales y los periodistas los encargados de suministrar unas cifras que no dejan de crecer. En 2014, Venezuela sufrió 24.980 homicidios, según el prestigioso Observatorio Venezolano de la Violencia. Los cálculos de este año elevan en un 8% más la cifra de asesinatos. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 se registraban 4.550 muertes violentas al año. "Hoy la madre de Conan, que trabaja como conserje, llora el asesinato de su hijo y no cuenta con recursos para enterrarlo", denunció Jesús Torrealba, portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática.

"Se busca un país donde la juventud pueda disfrutar de nuestra adolescencia sin tener miedo a salir", escribió Conan Quintana en su twitter hace sólo unos días. Un sueño que ya no podrá cumplir y que parece imposible en la Venezuela de hoy.

Venezuela, el país por Cárcel...

“Tengo al país por cárcel”, expresó el director del diario TalCual, Teodoro Petkoff, en el mensaje de video que envió a Madrid al no poder recibir la semana pasada el premio Ortega y Gasset por su trayectoria.

Desde hace más de un año, sobre él pesa una demanda cuyo juicio está congelado, pero que le impuso un par de castigos preliminares o “medidas cautelares”, según la jerga judicial: régimen de presentación mensual ante el tribunal (debe escanear en una máquina su huella digital para confirmar que no ha huido) y prohibición de salida del país.



Desde el martes, esta prohibición (que también incluye al resto de la directiva del diario) es por partida doble y extensiva a otros 22 directivos del diario El Nacional y del portal de noticias LaPatilla gracias a la rápida actuación del tribunal 12 de Juicio de Caracas.

Este admitió una demanda interpuesta contra ellos por el presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello y, aún sin haber citado a los imputados para escuchar sus alegatos ni audiencia preliminar, decidió prohibirles viajar fuera de Venezuela.

Su delito fue permitir la publicación, en sus medios, de un amplio reportaje del diario español ABC que asegura que uno de los principales escoltas de Cabello decidió acusarlo de narcotráfico ante las autoridades de Estados Unidos.

Lejos de ser un caso excepcional, el litigio contra los directivos de estos tres medios ratifica un patrón de acción parcializada del Poder Judicial venezolano cuando se trata de proceder contra la opinión crítica, el ejercicio periodístico independiente o la protesta abierta contra el Gobierno Nacional. Organizaciones no gubernamentales como Provea, el Foro Penal Venezolano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CID-UCAB) y el Centro para la Justicia y la Paz (Cenpaz) coinciden –entre declaraciones públicas e informes documentados– en bautizarlo como una práctica sistemática de “hostigamiento” o “persecución judicial”.

En el caso de personajes simbólicos como estos directivos, esta práctica se traduce en la imposición de medidas restrictivas de libertad como el régimen de presentación periódica ante el tribunal y la prohibición de salida del país, una panacea que hoy los tribunales venezolanos suelen aplicar antes de que empiece el juicio –y en el peor de los casos, sin siquiera audiencia de presentación–, con el pretexto de evitar el “peligro de fuga” de los involucrados. “Son una pena (sentencia) anticipada”, sostuvo en una entrevista el doctor, profesor y experto en materia penal Alberto Arteaga: “Limitan derechos ciudadanos sin razón alguna (...), una franca medida de humillación”.

Pero esto es apenas la punta del iceberg. El patrón de hostigamiento comienza, según el último informe de Cenpaz, con “la apertura de procesos judiciales contra la disidencia” que introduce a los acusados al sistema tribunalicio –y a las cárceles– del país, donde son víctimas de procesos irregulares y plagados de vicios.

El más frecuente es el retraso o alargamiento de los procesos judiciales, que, aunque viola los lapsos establecidos del Código Penal, se cuenta de a cientos de casos. Como el de Rosmit Mantilla, un estudiante (y activista del partido Voluntad Popular) apresado en mayo del año pasado por su supuesta participación en las manifestaciones antigobierno del año pasado. Se le difirió 12 veces su primera audiencia de juicio, que finalmente tuvo lugar el 30 de enero de este año.

Siguen presos él y, por ejemplo, otros cinco estudiantes que participaron en los “campamentos por la paz”, también desde mayo del 2014 y cuyo tribunal tiene más de 85 días con las puertas cerradas y un cartel que se lee con demasiada frecuencia: ‘No hay despacho’. En sus procesos y los de casi 2.010 ciudadanos que, según el Foro Penal, tienen juicios pendientes por protestar, se cuentan otras mañas como haber sido apresados sin orden judicial, la restricción sistemática de acceso a sus expedientes e incluso haberles permitido hablar por primera vez con sus abogados minutos antes de ser presentados.

El abanico de abusos incluye la prohibición de visitas, el aislamiento y la prohibición de hablar con la prensa, como le fue ordenado al opositor Leopoldo López, y los simbólicos casos del comisario Iván Simonovis (con más de 10 años preso) y la jueza María Lourdes Afiuni, en libertad pero con restricciones como esa. El claro tinte político de sus casos recrudece las limitaciones.

La situación se agrava en por lo menos 180 casos documentados de tortura, tratos crueles y degradantes que incluyen además, según informes del FPV y el CID-UCAB, impedimento de acceso oportuno a tratamientos médicos y coacción para no acusar a las autoridades. Otra tremenda aberración judicial se cuenta en casos como el de la tuitera Inés González (presa en octubre del año pasado por twitiar burlas sobre el asesinato del diputado Robert Serra), liberada en noviembre por el tribunal que sigue su caso, en una orden que no fue acatada por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El tribunal revocó la liberación y decretó su “captura inmediata”, aunque ya estaba tras las rejas. Sigue detenida.

El expresidente colombiano César Gaviria aseguró en un comunicado que las recientes disposiciones judiciales contra directivos de medios venezolanos constituyen un “grave atentado sobre la libertad de prensa y de expresión”. Gaviria, quien como secretario general de la Organización de Estados Americanos (1994-2004).

Libertad de expresión, esta en verdadero peligro y es difícil llevarle la contraria al gobierno ya que maneja a su real antojo todas y cada una de las actuaciones y decisiones que toma. Me uno a Teodoro Petkoff, Alberto Ravell y Miguel Henrique Otero y esta tribuna estarán abierta y en pie para seguir luchando por la libertad de Nuestra AMADA Venezuela....

Venezuela tiene EL PEOR clima de negocios de Latinoamérica

El clima de negocios en América Latina cayó en abril a su peor nivel en seis años y no era tan bajo desde enero de 2009, informó hoy el centro privado de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil, reporta la agencia de noticias EFE.

El llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina cayó desde 75 puntos en enero hasta 71 puntos en abril, según el sondeo realizado trimestralmente por la FGV en asociación con el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich entre 1.092 especialistas de 115 países.



El ambiente para los negocios en la región está cayendo gradualmente desde los 95 puntos que registró en enero de 2014 y se ubicó en abril 29 puntos por debajo del promedio de los últimos diez años (100 puntos). El empeoramiento fue provocado principalmente por la caída del Indicador de Expectativas (IE), que refleja las proyecciones de los especialistas para los próximos seis meses y que bajó desde los 92 puntos en enero hasta 82 puntos en abril.

El llamado Indicador de la Situación Actual (ISA), usado para medir la evaluación de la coyuntura, subió desde 58 puntos en enero hasta 60 puntos en abril.“Todos los indicadores se encuentran en la zona considerada como desfavorable de clima económico y el empeoramiento del Indicador de Expectativas preocupa debido a que indica un posible agravamiento de la situación en los próximos seis meses”, según el análisis de la Fundación.

De acuerdo con el estudio, el empeoramiento del clima de negocios en América Latina contrastó con la mejoría del índice para el mundo, que subió desde 106 puntos en enero hasta 110 puntos en abril impulsado principalmente por evaluaciones mejores para la Unión Europea.

Según los criterios de la Fundación, por países, el índice de clima económico tan sólo puede considerarse favorable en Chile, en donde subió desde 85 puntos en enero hasta 113 en abril, y en Paraguay, en donde se mantuvo estable en 127 puntos. Con la bajada desde 131 puntos en enero hasta 100 puntos en abril, el índice para Perú entró en la llamada zona neutra, en donde también está el de Uruguay, que se mantuvo estable en 100 puntos.

Además de Chile, en el único país en que se registró una mejoría del ambiente para los negocios en América Latina en el último trimestre fue Argentina, cuyo índice pasó de 63 puntos en enero a 76 puntos en abril. En Brasil el clima siguió deteriorándose (cayó desde 57 puntos en enero hasta 49 puntos en abril) y su indicador ahora tan sólo supera al de Venezuela, que sigue siendo el país con peor evaluación y se mantiene en 20 puntos desde el año pasado, y al de Ecuador, en donde el índice cayó desde 80 puntos en enero hasta 46 puntos en abril.

Los demás países se mantuvieron en el nivel considerado desfavorable (por debajo de 100 puntos) y en todos el ambiente presentó un empeoramiento. El índice en Bolivia bajó desde 110 puntos en enero hasta 92 en abril, el de Colombia de 90 a 84 y el de México de 84 a 72.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela da PENA

El más alto tribunal judicial de Venezuela -al que en general se tiene por sumiso al Pode Ejecutivo de ese país- esto es, el llamado "Tribunal Supremo de Justicia", habrá de examinar -pronto- la constitucionalidad y legalidad de la absolutamente infame resolución 008610, emanada del Ministerio de Defensa de Venezuela.

Ella es la vergonzosa norma que autoriza expresamente a las Fuerzas Armadas de ese país a utilizar sus armas y su poder de fuego contra la población -inocente y desarmada- en aquellas manifestaciones en las que las autoridades motu propio determinen que existe algún “riesgo de violencia mortal”. Criterio que obviamente es elástico, impreciso e indefinido, y permite cualquier interpretación caprichosa o conveniente a las autoridades cuando el pueblo, cansado de padecer, sale a protestar. No por casualidad.

De alguna manera reconociendo abiertamente que la pauta mencionada es realmente mala, el Defensor del Pueblo (en realidad, defensor del gobierno) anunció (en febrero pasado) que el Ministerio de Defensa estaba abocado a la preparación de un presunto “Manual” reglamentario, atento a que la norma referida requería “precisiones o ampliaciones” de modo “imperioso”.

Dijo entonces que el referido instrumento, en su entender, estaría listo en 30 días”. Tres meses después de ese anuncio, el “Manual” aún no ha aparecido, ni se conoce su texto. No existe, entonces.

A lo que se suma el anuncio del dictado de otro “Manual” de procedimientos también para los militares, en este caso en materia de “orden público”, que tampoco se ha dadao a luz.

Es obvio que, a través de esos “Manuales” pueden edificarse mecanismos de protección e irresponsabilidad para las Fuerzas Armadas, que sirvan para licuar o diluir sus responsabilidades en caso de que de pronto ocurran excesos, lo que, convengamos, en Venezuela es relativamente frecuente.

Ocurre que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del alto tribunal admitió avanzar con la valiente demanda de nulidad contra esa norma que fuera oportunamente promovida por el  colega abogado Henry Pereira Gorrín.

Esa acción se interpuso el pasado 4 de marzo y, a diferencia de lo que normalmente ocurre con los procesos judiciales venezolanos (que tienen una notoria tendencia a “dormir el sueño de los justos”), la decisión referida se tomó con alguna celeridad. Por ello se está citando a declarar a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; al procurador Reinaldo Muñiz; y, naturalmente, también al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que comparezcan en autos y presenten sus argumentos y sus defensas respecto a la insólita norma, que ha sido impugnada por violatoria del artículo 43 de la Constitución de Venezuela, que protege específicamente el “derecho a la vida”.

Cabe recordar que la Constitución de Venezuela además proscribe específicamente el uso de armas para el control de las manifestaciones públicas. Razón por la cual, en principio, tan sólo la Guardia Nacional estaría eventualmente autorizada para cooperar con las policías del país en el control y en la supervisión de las eventuales protestas.

¿Qué puede esperarse de esta realmente corajuda acción judicial? Teóricamente, la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el actor. Es lo que correspondería.

Es cierto, soñar no cuesta nada. Pero induce a auto-engañarse. El tribunal en cuestión ha sido históricamente repugnantemente servil al “chavismo”. Desde el 2004 al 2013, su Sala Político Administrativa no ha dictado ni una sola sentencia contra el gobierno “chavista”. Ninguna. Cero. Y esa no es una “señal”. Es otra cosa. Muy diferente. Es una confirmación de que en Venezuela el “estado de derecho” es, en todo caso, una mera -aunque gigantesca- ficción, que incluye a un Poder Judicial que nada tiene de independiente, ni de imparcial. Porque en la realidad es apenas un agente, absolutamente servil del Poder Ejecutivo.


Esa es la dura realidad. Pese a ello, los organismos regionales siguen haciendo “la vista gorda” a todo lo que sucede en Venezuela, pretendiendo que ese país mantiene en operación una democracia. Lo que no es, para nada, cierto desde que la ha extraviado -y disfrazado arteramente- desde hace demasiados años. Desde el acceso del “chavismo” al poder. Ello conforma una situación deplorable que debiera avergonzarnos enormemente, a todos por igual en nuestra región.

 Es hora de salir de los silencios cómplices y de hablar, dejando de mentir por evidente omisión al no denunciar con la fuera del caso, cual la verdad de lo que hoy sucede en una Venezuela destrozada por la incompetencia de sus autoridades y el claro autoritarismo que las caracteriza.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela da PENA ya que esta al servicio parcializado del oficialismo y no velar por el cumplimiento estricto de las leyes.

Venezuela Celebra con Rusia

El sábado pasado se conmemoro el 70.º aniversario del fin de la II Guerra Mundial. Las celebraciones en Moscú tendrán un carácter reivindicativo con una exhibición militar como en los tiempos de la guerra fría.

El siglo pasado es conmemorado con celebraciones de victorias o con admisiones de derrotas. El pasado está ahí, no pasa nunca, y se nos presenta en forma de aniversarios señalados, de reivindicaciones o agravios.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, habló a finales de abril en la sesión conjunta del Congreso de Washington. Ningún primer ministro japonés lo había hecho con anterioridad y de forma tan solemne. Abe expresó su profundo arrepentimiento por el papel de su país en la Segunda Guerra Mundial. Dijo también que las disculpas anteriores del Gobierno de Tokio sobre las agresiones japonesas de la guerra ya eran su­ficientes.

El contexto internacional ha cambiado y Japón es hoy un aliado imprescindible de Estados Unidos en el Pacífico. Hasta el punto de que siendo un país oriental se le considera a efectos globales como una potencia que ha adoptado los parámetros políticos y económicos occidentales. El excanciller federal Helmut Schmidt ha escrito en uno de sus libros de memorias que “la principal causa de las diferencias entre alemanes y japoneses es que a los japoneses les ha faltado el sentido de la culpabilidad”. Hace unos años el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tokio hizo público un reconocimiento de los daños causados en las invasiones de China, de Corea y de los países del Sudeste Asiático y de Filipinas. Pero no existe una declaración formal de culpa y petición de perdón por parte del Gobierno japonés.

Las tensiones con China tienen una larga historia, pero lo que hicieron los japoneses a partir de 1938 en buena parte de Asia han dejado un resentimiento que se manifiesta de muchas maneras, desde las confrontaciones deportivas hasta la mutua vigilancia sobre el rearme o el crecimiento económico.

Una de los episodios más constructivos del siglo pasado, después de que Alemania provocara las dos guerras europeas, fue la admisión de la derrota, la manifestación de su culpabilidad y la voluntad de erradicar y maldecir aquellos terribles trece años de nazismo. Desde la escuela hasta los medios de comunicación pasando por la política, Hitler y sus maldades son presentadas como lo que fueron, sin atenuantes y sin rehuir la responsabilidad.

En una visita del mes de marzo a Japón, la canciller Merkel remarcó en una conferencia que la reconciliación entre las naciones europeas fue posible porque Alemania se enfrentó con decisión a su pasado y porque Francia exhibió tolerancia. Una tolerancia que franceses y alemanes no practicaron en las dos guerras anteriores, la de 1870 y la de 1914, en las que las victorias se traducían en venganzas y las derrotas en humillaciones.

 Las celebraciones en Moscú tendrán un carácter reivindicativo con una exhibición militar como en los tiempos de la guerra fría. Desfile de miles de soldados, paseo de tres misiles balísticos intercontinentales, 150 aviones militares cruzando los cielos del Kremlin y un Vladímir Putin mostrando músculo y recordando los 27 millones de soviéticos que murieron en la guerra. Ucrania y las tensiones con Europa estarán en la mente de Putin.

Hubo dos capitulaciones del III Reich. La primera se firmó entre los aliados y un general alemán el 8 de mayo en la ciudad francesa de Reims y la segunda fue la que la destrozada Alemania nazi firmó en ­Berlín el día 9 de mayo ante representantes de la Unión Soviética. Los soldados de Stalin fueron los que primero llegaron a la capital en la que Hitler hacía ­pocos días que se había suicidado.

La Gran Guerra Patriótica fue una epopeya de los soviéticos, tal como describe magistralmente Vasili Grossman en su imprescindible libro Vida y destino.

Pero las celebraciones del día de la Victoria fueron cada vez más distanciadas y dispares. A partir de 1948, Stalin se apoderaba políticamente de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y los países bálticos creando una brecha en Europa que perduraría hasta 1989 con la caída del Muro de Berlín.


Una de las claves para entender la evolución de Europa occidental hacia la libertad, el progreso y la paz social ha sido la generosidad de los vencedores y la aceptación de la derrota por los vencidos. Alemania puede haberse equivocado en muchas de sus políticas y la que lleva a cabo Merkel no es necesariamente la única ni posiblemente la mejor.

Pero sin la disposición de Alemania, desde Adenauer hasta Merkel, a jugar la carta europea, incluyendo la Gran Bretaña recelosa, no existiría el espacio de convivencia que permite a los ciudadanos de 28 estados transitar por todo el continente sin sentirnos extraños.


Ahora solo me surgen unas preguntas a todo esto. 1.Cual es el propósito de Maduro en ir a esta celebración Rusa. 2. Que gana Venezuela uniéndose a unos países tan belicosos como estos....
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No soy ni quiero ser pájaro de mal auguro pero es que la cituacion es tal que Venezuela (El Gobierno) que deben estar aliado por si lo derrotan. Pero pensemos que la alternativa es fea, muy fea, es la guerra...