A medida que transcurre el año 2026, se multiplican los llamados —de propios y extraños— al éxodo, exigiéndole el retorno inmediato al país bajo la consideración de que la situación ha cambiado en Venezuela y que se requiere el aporte urgente de sus ciudadanos dispersos por el mundo, quienes, al sonido del clarín de la patria, deberían presentarse presurosos en su territorio.
Sin mediar palabras ni mayores consideraciones, se insta a más de 9 millones de personas —quienes partieron perdiendo, en la mayoría de los casos, sus bienes y modos de vida— a regresar, luego de haber tenido que empezar de cero en otros países, donde fueron tratados con benevolencia en algunos casos y con discriminación y xenofobia en otros. Muchos de ellos aún permanecen en la incertidumbre, al desconocer cuál será el próximo paso que les garantice seguridad, parcial o plena, para sí y sus familias.
Veamos la dimensión aproximada de la diáspora venezolana:
- Colombia: 2.856.123
- Perú: 1.662.889
- Estados Unidos: 1.168.271
- Chile: 728.586
- Brasil: 626.885
- España: 518.918
- Ecuador: 489.528
- Argentina: 223.455
- República Dominicana: 124.123
- México: 110.252
- Portugal: 102.354
- Panamá: 94.435
- Italia: 64.521
- Uruguay: 41.256
- Francia: 31.325
Estas cifras corresponden solo a 15 países. Según el Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), dirigido por el sociólogo Tomás Páez, se identifican migrantes venezolanos en al menos 90 países. La diáspora, que supera los 9,1 millones de personas (según proyecciones a mayo de 2025), se extiende globalmente, con presencia significativa en más de 1.500 municipios y 500 ciudades.
Estas cifras indican que el éxodo venezolano es, cuantitativamente, uno de los mayores a nivel global, superando incluso al de países que han sufrido guerras civiles, como Siria, Afganistán y Myanmar, así como al derivado de la cruenta guerra emprendida por el dictador ruso Vladimir Putin contra Ucrania.
Por consiguiente, el tema no puede ser tratado con ligereza, sino con la gravedad que amerita. Es imprescindible considerar cuáles son las condiciones actuales del país. Como lo señala Ricardo Hausmann: “Sin garantías democráticas no habrá inversión ni transición en Venezuela”. Advierte que la reapertura petrolera carece de credibilidad sin garantías políticas, elecciones verificables y control efectivo del aparato coercitivo. Asimismo, cuestiona la estrategia de Washington y describe un país aún regido por la arbitrariedad.
En pocas palabras, la situación de la diáspora venezolana no es color de rosa. Si bien es cierto que ha sido beneficiada por políticas estables de inmigración en algunos países de América Latina —como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador—, en otros la hostilidad y la xenofobia han ido en aumento, como en los casos de Chile y Perú.
En la Unión Europea destaca el gobierno de España, que promulgó el 20 de enero de 2026 un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados una vía para salir del limbo legal. La medida posiciona al país en contraste con muchos otros que, en el mundo, han endurecido progresivamente su postura frente a la migración irregular.
Entretanto, en Estados Unidos se agrava la situación de 650.000 venezolanos tras la suspensión definitiva del TPS, el permiso transitorio que les garantizaba autorización de trabajo y permanencia temporal en ese país. Se han difundido imágenes preocupantes de detenciones, arrestos y traslados a centros cuestionados por violaciones de los derechos humanos.
En ese contexto, resalta la indefensión que sufren nuestros compatriotas, al punto de que pocas voces opositoras venezolanas destacan por denunciar que la situación estructural del país no ha cambiado. En cambio, concentran su atención en los efectos de la intervención de la actual administración estadounidense, relegando a un segundo plano la suerte de miles de venezolanos en el exterior.Incluso en redes sociales circula reiteradamente el mensaje: “Si ese es el precio que tenían que pagar los venezolanos por la extracción de Maduro, hay que mirar para otro lado ante la eliminación del TPS para 650.000 venezolanos en Estados Unidos y agradecerle al gobierno de Trump la acción”. Vaya ironía.
Para colmo, se perfila en Chile una política antimigratoria similar con el nuevo presidente José Antonio Kast, quien asumirá el poder el 11 de marzo de 2026 y ya ha declarado: “No habrá regularización; habrá expulsión”. Una promesa que ejecutará -dijo- desde su primer día de gestión. Esto ha generado alarma en Perú y otros países de la región andina ante la posible oleada migratoria, entre la cual se estima la presencia de aproximadamente 200.000 venezolanos.
Finalmente, la indiferencia no debe ser la respuesta ante una situación que afecta a casi 30% de la población venezolana en el exilio, que ha costado la vida a miles de compatriotas y ha significado una profunda pérdida de talento humano. Por el contrario, debería crearse un ministerio exclusivamente destinado a atender esta catástrofe, tarea que correspondería asumir a un nuevo gobierno y no al régimen que propició la estampida migratoria más grande que haya conocido país alguno en el continente americano.
Así que vemos que el panorama de la diáspora Venezolana no esta ni estará cerca de ser algo fácil de digerir por los países donde se encuentran.
Abog. Felix Matos
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