Complejas las circunstancias de la reunión de Santos y Maduro. En los 15 años del proceso bolivariano, Colombia y Venezuela han hecho más densas algunas de sus articulaciones y han desacoplado otras que eran mutuamente ventajosas. A más de los nexos fronterizos, se ha multiplicado el número de colombianos con cédula de identidad venezolana y de venezolanos radicados en Colombia. Estos hechos hacen más sensible la relación en medio de la polarización en ambas naciones.
La dislocación de dos economías que habían cruzado exitosamente inversiones y comercio generó acá crisis agroindustrial y allá, desabastecimiento. A pesar del pago a la mayor parte de proveedores colombianos, de las nuevas reglas pactadas y de los planes diseñados para recuperar el comercio formal, no ha sido posible superar su desplome. Quedó reducido a gas de aquí y gasolina de allá.
Las zonas fronterizas no se reconvirtieron durante el auge del comercio binacional y siguen viviendo del diferencial de precios y cambiario. Las tensiones de Chávez-Uribe paralizaron proyectos de infraestructura mutuamente ventajosos y golpearon emprendimientos legales. Crisis económica, problemas cambiarios y de divisas, control de precios, inflación, escasez y devaluaciones reducen la capacidad de compra venezolana, lo que del lado colombiano se traduce en pérdida de clientes, empresas y empleos.
En Colombia los incentivos tributarios y regímenes especiales no han cambiado la dramática situación de Cúcuta y menos aún la de otros ámbitos más marginados. Además, es imposible revertir esos problemas de un solo lado. La falta de alternativas económicas y de instituciones creíbles, sumada al vacío dejado por ambos Estados y a la corrupción compartida, ha facilitado la consolidación de narcotraficantes, paramilitares y guerrillas, que se nutren, más que de ideologías, de tráficos ilegales y del control de negocios y territorios a ambos lados de “la raya”.
En ese contexto, mafias y grupos irregulares han acelerado todos los contrabandos: el que se genera por la colindancia entre una de las gasolinas más baratas del mundo y otra de las más caras; el de bolívares y pesos; el de alimentos, electrodomésticos, motos y carros importados, que en Venezuela captura subsidios y aumenta la escasez, y del lado colombiano evade aranceles y baja precios en competencia con las industrias legales; el de lácteos, cuyos fabricantes arguyen que al venderlos en Venezuela no sacan ni los costos de producción; el de ganado, que, mediante pagos de ‘vacunas’ a las autoridades o a ‘los Rastrojos’ y ‘los Urabeños’, se trae de Venezuela o se exporta desde aquí para cobrarlo allá al dólar oficial (cambiado luego en el mercado paralelo), y después retornarlo para ser vendido en Colombia.
Si los presidentes se limitan a reiterar las medidas anticontrabando reducidas hasta ahora a suspender remesas y aumentar ciertos controles, afectan a los pobladores y no a la criminalidad. Desde luego, es necesario que las aduanas y servicios de seguridad compartan informaciones y actúen coordinados. Pero eso no es posible si no se depuran las instituciones, y no es suficiente si no se acompaña de una acción urgente de ambos lados con proyectos productivos y ambientales que ayuden a sacar a las fronteras de la economía ilegal. El gobierno bolivariano, como gran importador que es, podría resolver la escasez abasteciéndose en Colombia. Si garantiza pagos y seguridad jurídica, ambos lados revivirían la agricultura y la industria.
El diálogo franco entre los presidentes debe abrir posibilidades de soluciones concretas con participación local. Cada país necesita de un vecino próspero y seguro para enfrentar con éxito las graves problemáticas comunes y su propia situación. Por lo que surge la interrogante quien gana mas con estos acuerdos???
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