¿Por qué referendo y no plebiscito?

 Algunos autores señalan que la diferencia entre referéndum y plebiscito radica en los fines que se persiguen con uno u otro: plebiscito para asuntos de Estado, territoriales y de soberanía; referéndum para cuestiones normativas, legales, administrativas.

Los días que transcurren tienen como tema central la controversia por la Guayaba Esequiba, despojada a Venezuela con el ilegal Laudo Arbitral de París de 1899, dónde Estados Unidos e Inglaterra decidieron sin la presencia de nuestro país el destino del territorio de 160.000 kilómetros.

Este es un tema de interés nacional que debe despartidizarce, como todos los temas fundamentales del país, si queremos desarrollarnos desde todos y para todos.


El abogado Félix Roque, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, me envió una reflexión desde la visión jurídica sobre la consulta que se realizará el próximo 3 de diciembre y, por no tener desperdicio y ser un tema de tal elevada pertinencia social, me permito transcribir íntegro el texto de tan brillante análisis.

Espero con ello contribuir a disipar algunas dudas sobre la consulta. He aquí su pertinente análisis:

A la salida de un conversatorio sobre El Territorio Esequibo y los Derechos que asisten a Venezuela para reclamar soberanamente su propiedad, uno de los asistentes me abordó y me hizo una pregunta que se expresa en el título de esta nota.

Referéndum y plebiscito tienden a emplearse de manera indistinta. No son muchos los elementos que diferencian a uno del otro.

Se entiende por referéndum, el procedimiento mediante el cual se convoca al pueblo para la toma o no de decisiones transcendentales. Esto se hace mediante el ejercicio soberano del derecho al voto y cuyo resultado ha de ser mayoritario para afirmar o negar sobre lo preguntado.

Por plebiscito se asume, el mecanismo de participación “democrática” y es un instrumento de consulta directa. Los plebiscitos han caído en desuso en las constituciones modernas toda vez que han sido utilizados de manera artera por dictadores militares, también civiles, para obtener decisiones amañadas, acomodaticias y parcializadas, controladas desde las alturas del poder, sin expresión democrática de la voluntad popular. En Venezuela se suele citar en las clases de Derecho Constitucional el plebiscito convocado en 1952 por Marcos Pérez Jiménez ganado “a lo ajuro” a sabiendas que lo había perdido.

Los referendos se han ido consolidando y en países como Suiza se realizan por diversos motivos hasta diez eventos por año. Son de vieja data. En 1905 Noruega fue a referéndum para separarse de Suecia. Recientemente Inglaterra se separó de la Unión Europea a través de una consulta refrendaría con resultado muy ajustado. El pueblo de Chile fue a referendo y votó en contra de la nueva constitución y prefirió mantener la impuesta mediante plebiscito por el dictador Augusto Pinochet.

Los referendos son de distinta clase según sea el tema a consultar. Los hay propositivos cuando se plantean propuestas novedosas; derogatorios para abrogar leyes; aprobatorios; revocatorios; consultivos.

Algunos autores señalan que la diferencia entre referéndum y plebiscito radica en los fines que se persiguen con uno u otro: plebiscito para asuntos de Estado, territoriales y de soberanía; referéndum para cuestiones normativas, legales, administrativas.

En el caso venezolano, la Carta Magna vigente de 1999 (aprobada mediante referéndum), en el Capítulo IV que trata de los Derechos Políticos de los ciudadanos, en la Sección Segunda incluyó la normativa sobre el Referéndum Popular.

En el artículo 71 se dice: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral”.

La reclamación y recuperación del Territorio Esequibo, nadie puede dudar que se trata de una materia de especial trascendencia nacional. Es un asunto de Estado que está por encima de cualquier pretensión partidista. Es un tema de unión nacional sin distingo de raza, credo o religión. Se trata del ejercicio democrático del poder soberano del pueblo para denunciar el despojo cruel que se nos pretende hacer de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

El pueblo acudirá en cambote el 3 de diciembre a responder afirmativamente las 5 preguntas que se le presentan y cuyo carácter constitucional lo rectificó desde sus competencias, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Votará el pueblo para decirle al mundo que EL ESEQUIBO ES NUESTRO, DESDE SIEMPRE y PARA SIEMPRE. Lo hará para ejercer actos posesorios en esa tierra sagrada. Lo hará para llamar y juntarnos con nuestros hermanos esequibanos. Lo hará para repudiar y expulsar de allí a las empresas trasnacionales invasoras. Lo hará para reafirmar que desconoce a todo evento la colonial e imperial competencia de la Corte Internacional de Injusticia.

El 3 de diciembre, el pueblo venezolano guiará ese potro libre y libertario de la revolución, como dijo una vez el Comandante Hugo Chávez. El pueblo es la expresión más elevada de soberanía y sólo él y nadie más que él, puede y debe decidir sus caminos y destino. El pueblo es sabio, se ha dicho desde tiempos inmemoriales. El 3 de diciembre volveremos a ver y sentir esa sabiduría.

Felix Matos...

La hegemonía chavista

 

Para que una hegemonía política prevalezca en el tiempo son necesarios dos prerrequisitos: Por un lado, que el sector que obtiene el poder haya vencido militarmente a las fuerzas que le antecedieron. Por otro lado, que igual cosa haya ocurrido en el terreno económico. Dicho de otra forma, las armas y el dinero deben cambiar de manos.

Las hegemonías políticas más prolongadas de la historia republicana de Venezuela han sido el liberalismo amarillo, comandado por Antonio Guzmán Blanco; el poder andino militar instaurado por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y la llamada república civil fundada por Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. La primera se enseñoreó en el país desde 1870 hasta 1899. La segunda duró de 1899 hasta 1945 y la tercera se mantuvo desde

1959 a 1999. Tales tramos históricos experimentaron una extensión temporal sin que fuera necesaria siempre la presencia del líder fundador al frente del gobierno.

Junto a las ya mencionadas, la otra hegemonía política venezolana que ha sido más prolongada es la que comienza con el ascenso de Hugo Chávez al poder.

Por ahora, y no hay signos distintos en el horizonte, la revolución socialista bolivariana, como forma de hegemonía política instaurada por Chávez, ha podido desafiar la ausencia física de su principal líder y mentor. Como suele ser característico en estos casos, durante más de dos

décadas, se ha dado un lento pero sostenido proceso de transferencia de poder militar y económico, desde quienes lo tenían a principios de 1999, a quienes lo detentan hoy.

Desde luego, surge una pregunta: ¿Cuán efectivo e irreversible ha sido ese proceso de trasferencia de poder militar y económico? Esa es la interrogante clave que tendrá que ser respondida al calor de los venideros eventos políticos que vivirá el país.

El gobierno de Nicolás Maduro exhibe una imagen de estabilidad política interna con un aparente control sobre los diferentes hilos del poder a pesar de su turbulento inicio. Una gran dosis de pragmatismo económico, motivado más por la necesidad que por la convicción, han

ayudado a este propósito, a pesar de que se observa una notable carencia de calificación por parte de los operadores que manejan los puestos de mando de la economía.

Cuando el “comandante presidente” anunció al país por primera vez sobre sus graves trastornos de salud, el asunto de la sucesión era realmente un problema delicado. A la

vista no había para ese instante ningún líder del chavismo que tuviera las características necesarias para asumir su reemplazo. Pero desde ese momento hasta el día de hoy las cosas cambiaron y el ungido Nicolás Maduro ha consolidado alianzas internas y externas importantes. La muerte de Chávez no fue cualquier cosa, constituyó un enorme desafío, el cual se encaró con gran eficacia.

El máximo líder bolivariano, que hasta mediados de 2011 suponía indefinida y sin trastornos su permanencia al frente del poder, construyó a toda prisa una línea de sucesión que le permitiera a su designado reemplazante salir airoso frente a lo que muy posiblemente iba a venir. Estamos hablando de una nueva elección presidencial como en efecto ocurrió, para suplir su falta absoluta, junto a un proceso de reacomodo interno en el liderazgo chavista.

Con toda seguridad, los últimos movimientos políticos hechos por el máximo líder revolucionario antes de morir, algunos conocidos y otros aun por conocerse, ayudaron a

instalar inicialmente a Maduro al frente de Miraflores y con ello tratar de asegurar que la hegemonía política bolivariana iniciada en 1999 fuera tan longeva como las que la precedieron.

Como suele decirse, la política es la ciencia de las posibilidades. Igualmente, nunca se puede descartar que el curso de los eventos nos conduzca hacia lo impredecible. No obstante, salvo imponderables, el chavismo aspira a cumplir sus tres décadas en el poder. La elección presidencial de 2024 constituye una estación por la que se tendrá que transitar. El gobierno necesita recursos financieros para sostenerse y está haciendo algunas concesiones políticas para lograrlo a objeto de flexibilizar las sanciones internacionales que pesan sobre él.

El descontento en relación a la gestión gubernamental es significativo. Pero en el horizonte no pareciera existir todavía una alternativa electoral plenamente conformada que comprometa la hegemonía chavista. Sin embargo, la terquedad de la economía (como decía Lenin) y el rebelde fenómeno de la inflación, pueden horadar la línea de flotación del oficialismo.
Felix Matos.

Terrorismo de Estado vs Democracia Participativa

 La Primaria del 22 de octubre se acopló plenamente a la letra y espíritu de la Constitución cuando, en el Preámbulo, se refiere a la democracia participativa y protagónica, uno de los fines supremos de la "refundación" de la República planteada por el comandante Hugo

Chávez.

Fue ese un proceso autogestionado, organizado, financiado y ejecutado en todas sus fases por un amplio equipo en el que participaron partidos políticos, organizaciones civiles de distintos tipos y miles de ciudadanos independientes movidos por el deseo de colaborar con la iniciativa. La Comisión Nacional de Primaria estuvo integrada por personalidades del mundo civil que, ad honorem, intervinieron en el diseño y realización de la consulta. La ausencia del Consejo Nacional Electoral y del Plan República no fue óbice para que la cita se efectuara de forma exitosa. ¡Qué mejor ejemplo de esa democracia directa, solidaria, corresponsable y protagónica de la cual hablaba Chávez con orgullo, y que inspiró la Constituyente y la Carta de 1999, pocos meses después de que el teniente coronel llegara a Miraflores!

Probablemente, ese espíritu de independencia de la esfera civil estuvo presente en Barbados cuando Jorge Rodríguez, en nombre del Gobierno, firmó el Acuerdo Preliminar en el que se comprometía a respetar la realización de la consulta popular. En él, cada opción política tiene derecho a preguntarles a sus simpatizantes quién puede ser su candidato presidencial, aplicando el método que considere más conveniente. Rodríguez llegó a decir que ellos, el Gobierno, no podían ocuparse de "minucias" como esa, y que cada quien emprendiera el

camino de su preferencia. En otros términos, que águila no caza moscas.

Como los jerarcas del régimen son expertos en arrepentirse de sus propios compromisos y desconocerlos –no importa si se encuentran refrendados en la Constitución que ellos impusieron, o en un documento firmado en presencia de varios países que actuaron como testigos y garantes del Acuerdo- optaron por arremeter contra la Primaria. Resulta que la "minucia" a la que se refirió despectivamente Rodríguez en Barbados, se convirtió en una tromba marina incontenible. Millones de personas que sí creen de verdad en la participación y el protagonismo de la sociedad, acudieron al llamado de la Plataforma y de la Comisión para manifestar su apoyo a los candidatos y, en especial a María Corina Machado, quien capitalizó 92% de los votos.

Ese resultado extraordinario sorprendió al régimen, sacándolo de sus casillas. A Maduro y su gente les resultó inaceptable que un grupo al que habían subestimado, despreciado y amenazado, fuese capaz de coronar con éxito la asombrosa tarea de organizar una consulta nacional venciendo todos los contratiempos. También los asombró que el pueblo hubiese ignorado la coacción y los chantajes de los concejos comunales y los organismos de base del PSUV. No les sirvió de mucho que amenazasen con dejar de repartir las bolsas CLAP o las bombonas de gas en los barrios más pobres.

Colocado frente a estos resultados inesperados, Maduro optó por aplicar Terrorismo de Estado. Para eso posee el control de todas las instituciones. El ataque a la Primaria y a MCM ha ido in crescendo.

Primero las agresiones de Maduro, Cabello y Rodríguez. Luego, las acciones del fiscal Tarek W. Saab. Más tarde, el golpe definitivo: la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, con la cual pretenden dar el golpe de gracia. El acoso a los miembros de la CNP, en especial a Jesús María Casal, forma parte de la campaña de terror montada por el régimen con la finalidad de pulverizar los efectos benéficos de la consulta del 22-O.

La sentencia del TSJ –o, en términos más precisos, la judicialización de la Primaria- busca desconocer los acuerdos alcanzados en Barbados y minimizar la importancia de la Plataforma Unitaria como interlocutor legítimo; anular el impacto popular de la votación masiva; derogar la candidatura de MCM de forma definitiva; crear frustración entre los electores y alimentar el abstencionismo; y promover divisiones entre la oposición, que se vería obligada a buscar otro método de elección de un nuevo candidato unitario.

Desde luego que esas constituyen metas ideales del régimen. Razones que movilizan su comportamiento. De ninguna manera significa que vaya a alcanzarlas. A la dirigencia opositora ahora le corresponde actuar a partir de la fortaleza que le dan los resultados de la

Primaria. Los dos millones y medio de venezolanos en el país y en el exterior que se movilizaron, representan una fuerza gigantesca. Hay que intentar evitar que el Gobierno la ignore.

Los mensajes enviados el 22-O señalan que la gente aspira a una salida democrática, electoral y constitucional de la crisis; el cambio de Gobierno debe producirse por esta vía; la gente quiere participar y ser protagonista de las transformaciones. MCM surgió como la figura

política que concita el mayor apoyo nacional. Esos mensajes no podrán ser opacados ni por la absurda campaña por el referendo sobre Guyana.

Maduro no debe refugiarse en la Fiscalía y en el TSJ para aplicar Terrorismo de Estado contra sus adversarios. La gente salió pacíficamente el 22-0 a expresar su opinión y a hacer valer las reglas del sistema democrático. Hay que exigirle que respete esa conducta