Expreso la mayor complacencia por la posición adoptada por el llamado Bloque Democrático.
De integración plural, tiene en su seno algunos de los más brillantes juristas venezolanos. Las declaraciones atribuidas al menos a dos de ellos, los doctores Alberto Arteaga y Román Duque Corredor, invitan a la acción con propósitos claramente definidos. El problema no es simplemente la violación del estado de Derecho sino su inexistencia y, por otro lado, la ausencia de políticas para incentivar la inversión privada en materia económica. Ambas cosas son indispensables para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes y la creación de oportunidades de trabajo, estables y bien remunerados. Será imposible bajo este régimen probadamente fracasado, incompetente y escandalosamente corrompido.
Tengo fe absoluta en las reservas humanas y materiales de Venezuela. A pesar del éxodo masivo de estos años, la patria anda en cada uno de los compatriotas que están en el exterior. Aquí, en los sectores productivos y culturales hay planes, programas concretos, ideas y voluntad para hacerlos realidad en el menor tiempo posible. También la gente capaz de lograrlo. Pero, es indispensable el cambio de régimen. Bajo el actual caminamos diariamente hacia peor.
El Gobierno de Nicolás Maduro, con el visto bueno del apéndice presidencial -el Tribunal Supremo de Justicia- aprobó el presupuesto 2017 sin presentarlo ante la Asamblea Nacional, tal cual lo establecen los artículos 311 y 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es decir, el presidente Maduro dispondrá de los recursos de la Nación sin pasar por el filtro contralor del Parlamento, lo que no es más que un “Madurazo” contra la Asamblea.
Esta acción de Nicolás, es una burla a la voluntad popular y pone al margen la Constitución y los estatutos democráticos que sustentan los organismos hemisféricos (OEA, Mercosur, Unasur, Celac) de los que Venezuela es signataria.
Las declaraciones del mandatario nacional acerca del presupuesto de la Nación, así como la afirmación de que no habrá elecciones porque no son prioridad para el país, suman evidencias claras de que el gobierno venezolano no se está apegando a los valores democráticos ni a los convenios internacionales.
Salvaguardando las distancias y las realidades, estamos hablando de una acción equivalente al Fujimorazo, como fue denominada la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial por vía de la fuerza que hizo el “dictador” Alberto Fujimori en Perú.
En Venezuela, el Poder Público más legítimo que tiene el país es la Asamblea Nacional, porque es la que proviene de la más reciente elección donde votó el 80% de los venezolanos. Por eso, esta flagrante usurpación de Poderes tiene sus implicaciones y alcanzan dimensiones continentales. Desde el punto de vista internacional, Venezuela está en este momento ganándose su expulsión de Mercosur o al menos una sanción por las acciones del gobierno, también está el riesgo de que se profundice la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y esto agravará el panorama económico y la ingobernabilidad en el país.
El neo-despotismo no parece tener ninguna justificación ni razón de ser cuando lo que produce es una inflación descontrolada y empobrecedora que ya sobrepasa el 500%, una contracción económica creciente que este año llega al 10% y un desempleo verdadero de cerca de 25%.
A estas alturas el gobierno debió haber informado cuales son los supuestos macroeconómicos para el año que viene, cuál es la inflación estimada. Difícilmente la tendrá cuando no ha publicado la de este año, primera vez en la historia que pasa eso y somos el único gobierno en el mundo que no informa al respecto.
Este es un régimen profundamente irresponsable, en el pasado han manejado alegremente los recursos y con esta decisión pregunto: ¿Quién llevará el control de los créditos adicionales? ¿Dónde estará publicado el presupuesto? ¿Quién ejercerá las funciones de control?
Ya no se trata de otra violación a la Constitución -como lo han venido haciendo a lo largo de todos estos años- sino de la derogatoria de nuestra Carta Magna, al pretender que la Sala Constitucional sustituya las funciones de la AN. Con esto, el caos fiscal del 2017 está garantizado porque no habrá certeza presupuestaria. Al saltarse las leyes y controles, generan incertidumbre y desorden en la finanza pública. Esto contribuye a la corrupción y a la hiperinflación.
Para terminar de entender la gravedad de que un gobernante se abrogue a si mismo el derecho de decidir unilateralmente que se va gastar, y proceder a hacerlo negándose a rendirle cuentas al país y su Parlamento, es importante precisar que “impuestos” no son solamente los que se recaudan mediante, el Impuesto Sobre las Renta, el IVA y otros tributos y tarifas, sino también los impuestos inflacionarios, que son los que más castigan al pueblo y que se generan al imprimir dinero sin respaldo de manera descontrolada, y sin la debida rendición de cuenta por parte ni del Ejecutivo ni del Banco Central.
Debemos tener claras las asignaturas pendientes con relación a la práctica política, al funcionamiento de los partidos y los fines de la democracia misma. Sin embargo, lo trascendente ahora es la unidad nacional. Puede ser diferenciada pero siempre dinámica, con el objetivo claro. A estos efectos la nación necesita despejar definitivamente las dudas e incertidumbres existentes con relación a sus fuerzas armadas. Se trata de un tema poco claro. El llamado es a la oficialidad creyente en la libertad y en el pluralismo democrático, enemiga de la tiranía y de la corrupción. Tienen la obligación, igual que los civiles, de ayudar a despejar esas dudas relativas a su integridad y consecuencia.
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