Desde hace más de un año, sobre él pesa una demanda cuyo juicio está congelado, pero que le impuso un par de castigos preliminares o “medidas cautelares”, según la jerga judicial: régimen de presentación mensual ante el tribunal (debe escanear en una máquina su huella digital para confirmar que no ha huido) y prohibición de salida del país.
Desde el martes, esta prohibición (que también incluye al resto de la directiva del diario) es por partida doble y extensiva a otros 22 directivos del diario El Nacional y del portal de noticias LaPatilla gracias a la rápida actuación del tribunal 12 de Juicio de Caracas.
Este admitió una demanda interpuesta contra ellos por el presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello y, aún sin haber citado a los imputados para escuchar sus alegatos ni audiencia preliminar, decidió prohibirles viajar fuera de Venezuela.
Su delito fue permitir la publicación, en sus medios, de un amplio reportaje del diario español ABC que asegura que uno de los principales escoltas de Cabello decidió acusarlo de narcotráfico ante las autoridades de Estados Unidos.
Lejos de ser un caso excepcional, el litigio contra los directivos de estos tres medios ratifica un patrón de acción parcializada del Poder Judicial venezolano cuando se trata de proceder contra la opinión crítica, el ejercicio periodístico independiente o la protesta abierta contra el Gobierno Nacional. Organizaciones no gubernamentales como Provea, el Foro Penal Venezolano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CID-UCAB) y el Centro para la Justicia y la Paz (Cenpaz) coinciden –entre declaraciones públicas e informes documentados– en bautizarlo como una práctica sistemática de “hostigamiento” o “persecución judicial”.
En el caso de personajes simbólicos como estos directivos, esta práctica se traduce en la imposición de medidas restrictivas de libertad como el régimen de presentación periódica ante el tribunal y la prohibición de salida del país, una panacea que hoy los tribunales venezolanos suelen aplicar antes de que empiece el juicio –y en el peor de los casos, sin siquiera audiencia de presentación–, con el pretexto de evitar el “peligro de fuga” de los involucrados. “Son una pena (sentencia) anticipada”, sostuvo en una entrevista el doctor, profesor y experto en materia penal Alberto Arteaga: “Limitan derechos ciudadanos sin razón alguna (...), una franca medida de humillación”.
Pero esto es apenas la punta del iceberg. El patrón de hostigamiento comienza, según el último informe de Cenpaz, con “la apertura de procesos judiciales contra la disidencia” que introduce a los acusados al sistema tribunalicio –y a las cárceles– del país, donde son víctimas de procesos irregulares y plagados de vicios.
El más frecuente es el retraso o alargamiento de los procesos judiciales, que, aunque viola los lapsos establecidos del Código Penal, se cuenta de a cientos de casos. Como el de Rosmit Mantilla, un estudiante (y activista del partido Voluntad Popular) apresado en mayo del año pasado por su supuesta participación en las manifestaciones antigobierno del año pasado. Se le difirió 12 veces su primera audiencia de juicio, que finalmente tuvo lugar el 30 de enero de este año.
Siguen presos él y, por ejemplo, otros cinco estudiantes que participaron en los “campamentos por la paz”, también desde mayo del 2014 y cuyo tribunal tiene más de 85 días con las puertas cerradas y un cartel que se lee con demasiada frecuencia: ‘No hay despacho’. En sus procesos y los de casi 2.010 ciudadanos que, según el Foro Penal, tienen juicios pendientes por protestar, se cuentan otras mañas como haber sido apresados sin orden judicial, la restricción sistemática de acceso a sus expedientes e incluso haberles permitido hablar por primera vez con sus abogados minutos antes de ser presentados.
El abanico de abusos incluye la prohibición de visitas, el aislamiento y la prohibición de hablar con la prensa, como le fue ordenado al opositor Leopoldo López, y los simbólicos casos del comisario Iván Simonovis (con más de 10 años preso) y la jueza María Lourdes Afiuni, en libertad pero con restricciones como esa. El claro tinte político de sus casos recrudece las limitaciones.
La situación se agrava en por lo menos 180 casos documentados de tortura, tratos crueles y degradantes que incluyen además, según informes del FPV y el CID-UCAB, impedimento de acceso oportuno a tratamientos médicos y coacción para no acusar a las autoridades. Otra tremenda aberración judicial se cuenta en casos como el de la tuitera Inés González (presa en octubre del año pasado por twitiar burlas sobre el asesinato del diputado Robert Serra), liberada en noviembre por el tribunal que sigue su caso, en una orden que no fue acatada por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El tribunal revocó la liberación y decretó su “captura inmediata”, aunque ya estaba tras las rejas. Sigue detenida.
El expresidente colombiano César Gaviria aseguró en un comunicado que las recientes disposiciones judiciales contra directivos de medios venezolanos constituyen un “grave atentado sobre la libertad de prensa y de expresión”. Gaviria, quien como secretario general de la Organización de Estados Americanos (1994-2004).
Libertad de expresión, esta en verdadero peligro y es difícil llevarle la contraria al gobierno ya que maneja a su real antojo todas y cada una de las actuaciones y decisiones que toma. Me uno a Teodoro Petkoff, Alberto Ravell y Miguel Henrique Otero y esta tribuna estarán abierta y en pie para seguir luchando por la libertad de Nuestra AMADA Venezuela....
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