La hegemonía chavista

 

Para que una hegemonía política prevalezca en el tiempo son necesarios dos prerrequisitos: Por un lado, que el sector que obtiene el poder haya vencido militarmente a las fuerzas que le antecedieron. Por otro lado, que igual cosa haya ocurrido en el terreno económico. Dicho de otra forma, las armas y el dinero deben cambiar de manos.

Las hegemonías políticas más prolongadas de la historia republicana de Venezuela han sido el liberalismo amarillo, comandado por Antonio Guzmán Blanco; el poder andino militar instaurado por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y la llamada república civil fundada por Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. La primera se enseñoreó en el país desde 1870 hasta 1899. La segunda duró de 1899 hasta 1945 y la tercera se mantuvo desde

1959 a 1999. Tales tramos históricos experimentaron una extensión temporal sin que fuera necesaria siempre la presencia del líder fundador al frente del gobierno.

Junto a las ya mencionadas, la otra hegemonía política venezolana que ha sido más prolongada es la que comienza con el ascenso de Hugo Chávez al poder.

Por ahora, y no hay signos distintos en el horizonte, la revolución socialista bolivariana, como forma de hegemonía política instaurada por Chávez, ha podido desafiar la ausencia física de su principal líder y mentor. Como suele ser característico en estos casos, durante más de dos

décadas, se ha dado un lento pero sostenido proceso de transferencia de poder militar y económico, desde quienes lo tenían a principios de 1999, a quienes lo detentan hoy.

Desde luego, surge una pregunta: ¿Cuán efectivo e irreversible ha sido ese proceso de trasferencia de poder militar y económico? Esa es la interrogante clave que tendrá que ser respondida al calor de los venideros eventos políticos que vivirá el país.

El gobierno de Nicolás Maduro exhibe una imagen de estabilidad política interna con un aparente control sobre los diferentes hilos del poder a pesar de su turbulento inicio. Una gran dosis de pragmatismo económico, motivado más por la necesidad que por la convicción, han

ayudado a este propósito, a pesar de que se observa una notable carencia de calificación por parte de los operadores que manejan los puestos de mando de la economía.

Cuando el “comandante presidente” anunció al país por primera vez sobre sus graves trastornos de salud, el asunto de la sucesión era realmente un problema delicado. A la

vista no había para ese instante ningún líder del chavismo que tuviera las características necesarias para asumir su reemplazo. Pero desde ese momento hasta el día de hoy las cosas cambiaron y el ungido Nicolás Maduro ha consolidado alianzas internas y externas importantes. La muerte de Chávez no fue cualquier cosa, constituyó un enorme desafío, el cual se encaró con gran eficacia.

El máximo líder bolivariano, que hasta mediados de 2011 suponía indefinida y sin trastornos su permanencia al frente del poder, construyó a toda prisa una línea de sucesión que le permitiera a su designado reemplazante salir airoso frente a lo que muy posiblemente iba a venir. Estamos hablando de una nueva elección presidencial como en efecto ocurrió, para suplir su falta absoluta, junto a un proceso de reacomodo interno en el liderazgo chavista.

Con toda seguridad, los últimos movimientos políticos hechos por el máximo líder revolucionario antes de morir, algunos conocidos y otros aun por conocerse, ayudaron a

instalar inicialmente a Maduro al frente de Miraflores y con ello tratar de asegurar que la hegemonía política bolivariana iniciada en 1999 fuera tan longeva como las que la precedieron.

Como suele decirse, la política es la ciencia de las posibilidades. Igualmente, nunca se puede descartar que el curso de los eventos nos conduzca hacia lo impredecible. No obstante, salvo imponderables, el chavismo aspira a cumplir sus tres décadas en el poder. La elección presidencial de 2024 constituye una estación por la que se tendrá que transitar. El gobierno necesita recursos financieros para sostenerse y está haciendo algunas concesiones políticas para lograrlo a objeto de flexibilizar las sanciones internacionales que pesan sobre él.

El descontento en relación a la gestión gubernamental es significativo. Pero en el horizonte no pareciera existir todavía una alternativa electoral plenamente conformada que comprometa la hegemonía chavista. Sin embargo, la terquedad de la economía (como decía Lenin) y el rebelde fenómeno de la inflación, pueden horadar la línea de flotación del oficialismo.
Felix Matos.

Terrorismo de Estado vs Democracia Participativa

 La Primaria del 22 de octubre se acopló plenamente a la letra y espíritu de la Constitución cuando, en el Preámbulo, se refiere a la democracia participativa y protagónica, uno de los fines supremos de la "refundación" de la República planteada por el comandante Hugo

Chávez.

Fue ese un proceso autogestionado, organizado, financiado y ejecutado en todas sus fases por un amplio equipo en el que participaron partidos políticos, organizaciones civiles de distintos tipos y miles de ciudadanos independientes movidos por el deseo de colaborar con la iniciativa. La Comisión Nacional de Primaria estuvo integrada por personalidades del mundo civil que, ad honorem, intervinieron en el diseño y realización de la consulta. La ausencia del Consejo Nacional Electoral y del Plan República no fue óbice para que la cita se efectuara de forma exitosa. ¡Qué mejor ejemplo de esa democracia directa, solidaria, corresponsable y protagónica de la cual hablaba Chávez con orgullo, y que inspiró la Constituyente y la Carta de 1999, pocos meses después de que el teniente coronel llegara a Miraflores!

Probablemente, ese espíritu de independencia de la esfera civil estuvo presente en Barbados cuando Jorge Rodríguez, en nombre del Gobierno, firmó el Acuerdo Preliminar en el que se comprometía a respetar la realización de la consulta popular. En él, cada opción política tiene derecho a preguntarles a sus simpatizantes quién puede ser su candidato presidencial, aplicando el método que considere más conveniente. Rodríguez llegó a decir que ellos, el Gobierno, no podían ocuparse de "minucias" como esa, y que cada quien emprendiera el

camino de su preferencia. En otros términos, que águila no caza moscas.

Como los jerarcas del régimen son expertos en arrepentirse de sus propios compromisos y desconocerlos –no importa si se encuentran refrendados en la Constitución que ellos impusieron, o en un documento firmado en presencia de varios países que actuaron como testigos y garantes del Acuerdo- optaron por arremeter contra la Primaria. Resulta que la "minucia" a la que se refirió despectivamente Rodríguez en Barbados, se convirtió en una tromba marina incontenible. Millones de personas que sí creen de verdad en la participación y el protagonismo de la sociedad, acudieron al llamado de la Plataforma y de la Comisión para manifestar su apoyo a los candidatos y, en especial a María Corina Machado, quien capitalizó 92% de los votos.

Ese resultado extraordinario sorprendió al régimen, sacándolo de sus casillas. A Maduro y su gente les resultó inaceptable que un grupo al que habían subestimado, despreciado y amenazado, fuese capaz de coronar con éxito la asombrosa tarea de organizar una consulta nacional venciendo todos los contratiempos. También los asombró que el pueblo hubiese ignorado la coacción y los chantajes de los concejos comunales y los organismos de base del PSUV. No les sirvió de mucho que amenazasen con dejar de repartir las bolsas CLAP o las bombonas de gas en los barrios más pobres.

Colocado frente a estos resultados inesperados, Maduro optó por aplicar Terrorismo de Estado. Para eso posee el control de todas las instituciones. El ataque a la Primaria y a MCM ha ido in crescendo.

Primero las agresiones de Maduro, Cabello y Rodríguez. Luego, las acciones del fiscal Tarek W. Saab. Más tarde, el golpe definitivo: la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, con la cual pretenden dar el golpe de gracia. El acoso a los miembros de la CNP, en especial a Jesús María Casal, forma parte de la campaña de terror montada por el régimen con la finalidad de pulverizar los efectos benéficos de la consulta del 22-O.

La sentencia del TSJ –o, en términos más precisos, la judicialización de la Primaria- busca desconocer los acuerdos alcanzados en Barbados y minimizar la importancia de la Plataforma Unitaria como interlocutor legítimo; anular el impacto popular de la votación masiva; derogar la candidatura de MCM de forma definitiva; crear frustración entre los electores y alimentar el abstencionismo; y promover divisiones entre la oposición, que se vería obligada a buscar otro método de elección de un nuevo candidato unitario.

Desde luego que esas constituyen metas ideales del régimen. Razones que movilizan su comportamiento. De ninguna manera significa que vaya a alcanzarlas. A la dirigencia opositora ahora le corresponde actuar a partir de la fortaleza que le dan los resultados de la

Primaria. Los dos millones y medio de venezolanos en el país y en el exterior que se movilizaron, representan una fuerza gigantesca. Hay que intentar evitar que el Gobierno la ignore.

Los mensajes enviados el 22-O señalan que la gente aspira a una salida democrática, electoral y constitucional de la crisis; el cambio de Gobierno debe producirse por esta vía; la gente quiere participar y ser protagonista de las transformaciones. MCM surgió como la figura

política que concita el mayor apoyo nacional. Esos mensajes no podrán ser opacados ni por la absurda campaña por el referendo sobre Guyana.

Maduro no debe refugiarse en la Fiscalía y en el TSJ para aplicar Terrorismo de Estado contra sus adversarios. La gente salió pacíficamente el 22-0 a expresar su opinión y a hacer valer las reglas del sistema democrático. Hay que exigirle que respete esa conducta

Saab, un descaro obsceno...

 

La propuesta del régimen de incluir con “plenos derechos” a Alex Saab en la ronda de negociaciones en México constituye una provocación insolente, dentro del más ortodoxo estilo cubano y ruso, tan en boga en Venezuela durante las dos últimas décadas. Es un desafío que compromete seriamente el destino del acercamiento entre el grupo de Nicolás Maduro y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria de Venezuela, con el acompañamiento del Reino de Noruega y otros países interesados en que la crisis venezolana se resuelva pronto y de forma pacífica.

Se trata, esa, de una petición inaudita porque resulta imposible de satisfacer para las partes que intervienen en la operación. Para  Noruega es inaceptable admitir en una mesa que ellos coordinan la presencia de un señor acusado de lavado de dinero, que ha pasado por todas las instancias judiciales –entre ellas la Sala Constitucional–  a lo largo de más de un año que ha durado el proceso que podría conducir a su extradición a Estados Unidos. En cada una de ellas el Poder Judicial de forma autónoma ha ratificado que existen suficientes indicios para mantenerlo detenido y deportarlo. Esto, a pesar de la fortuna que ese, hasta hace poco tiempo, modesto y quebrado empresario colombiano, ha gastado en los cuatro bufetes que lo defienden. Uno de ellos, el dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, quien ha demostrado  que no puede ver un euro cerca porque se le lanza con ferocidad caníbal.

La oposición tampoco puede hacer nada eficaz en ese terreno. Haría el ridículo si pidiese la liberación de Saab y, por añadidura, contravendría sus propios principios republicanos. El comunicado de la Plataforma Unitaria lo señala con claridad: se trata de un “proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición”. Allí no hay que entrometerse.

Lo que para una nación como Noruega y para la oposición democrática constituyen barreras infranqueables, para Maduro y su gente son refinamientos burgueses. Pretenden relacionarse con el Poder Judicial de ese pequeño país que es Cabo Verde, como si se tratase de Maikel Moreno y los demás amanuenses que tienen colocados en el TSJ.

El punto crítico de la impudicia gubernamental reside en que si insiste en exigir la presencia de Saab en la ronda de negociaciones, podría dinamitar ese esfuerzo. Existe un antecedente cercano y similar que permite mantener un optimismo razonable frente al requerimiento de Maduro. Como también lo recoge el documento de la Plataforma Unitaria, en 2012, en medio de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, estas trataron de incorporar a la delegación que negociaba la paz, al guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, quien se encontraba preso en Estados Unidos. El propósito era obtener su liberación. La demanda no fue aceptada. Simón Trinidad nunca se unió al grupo. Sin embargo, esa negativa no fue óbice para que las conversaciones se desarrollaran y concluyeran en la firma de los acuerdos de paz algunos años más tarde.

Habrá que esperar a ver cómo Maduro asume el fracaso de su artimaña. Si la provocación fue montada con la explícita intención de acabar con las negociaciones de México y asumir sin frenos el camino autocrático de su colega Daniel Ortega, el nuevo ensayo habrá encallado. El país se hallará frente a una nueva frustración. Las elecciones de noviembre se realizarán en medio de una atmósfera signada por el escepticismo y la desconfianza. Las posibilidades de convocar el referéndum revocatorio el año próximo se habrán esfumado, y la situación global de Venezuela se hará aún más sombría porque las sanciones contra el régimen serán implacables. A los imperios no les agrada que se burlen de ellos, aunque sean imperios blandos como es Estados Unidos desde hace algún tiempo. Ya Joe Biden incluyó a Venezuela en la lista de los países con mayor tráfico y producción de drogas.

Por el contrario, si entiende que los éxitos y los fracasos forman parte de la eterna lucha por el poder, la ronda de México continuará y el clima de cierta distención que ha prevalecido durante los meses recientes, se mantendrá. Sería interesante conocer la opinión de  los sectores más moderados del régimen, siempre paralizados por el miedo que le tienen a la cúpula que controla el mando.

La Plataforma Unitaria hasta ahora ha mantenido una postura ecuánime. Publicó un sobrio y firme comunicado en el cual “ratifica a los venezolanos y a los países acompañantes su compromiso de avanzar en la agenda de negociación para procurar soluciones al país… No nos vamos a distraer de nuestra agenda central del proceso en México: los venezolanos necesitamos un Acuerdo Integral que nos regrese la democracia y la posibilidad de salir de la inmensa crisis social, económica y política que nos afecta a todos.”

Así hablan los dirigentes políticos que piensan primero en Venezuela

¿Existe un bloque regional de izquierda?

 Las nuevas muestras de amor del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia la dictadura de Cuba y la cumbre del fin de semana convocada por México con el apoyo de gobiernos de izquierda han hecho que muchos especulen que dicho país podría convertirse en el nuevo líder de un bloque izquierdista latinoamericano. En los últimos días, López Obrador recibió al dictador cubano Miguel Díaz-Canel como invitado especial para hablar en la ceremonia del 16 de septiembre por el aniversario de la independencia de México. Esto fue una bofetada a la democracia, a los derechos humanos y a la dignidad de México. Y el 18 de septiembre, México fue sede de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Anteriormente, López Obrador había dicho que esta buscaría reemplazar o transformar radicalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). De hecho, también ha sugerido que la OEA, que ha defendido la democracia en Venezuela y Cuba, es un títere de Washington. Sin embargo, no hay ni dinero ni poder político entre los gobiernos izquierdistas de América Latina para tratar de revivir un bloque regional “antiimperialista”, independientemente de qué país quisiera liderarlo. México depende de Estados Unidos para casi el 80% de sus exportaciones y más de US$40 mil millones de dólares anuales en remesas familiares, que son una de sus mayores fuentes de ingresos. Eso por sí solo haría muy difícil que México se convierta en un líder antiestadounidense en la región. Además, la presidencia rotativa de la CELAC que ejerce México termina en pocos meses. Y otros países de la región gobernados por la izquierda están en bancarrota o demasiado divididos políticamente para liderar un bloque regional. A diferencia de lo que sucedió en la década del 2000, Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente. Brasil, el país más grande de la región, ha girado desde entonces hacia la extrema derecha, y el Gobierno de Argentina está sumido en una grave crisis política interna. 

 López Obrador se vio obligado a bajarle el tono a su plan de aprobar una resolución de la CELAC para reemplazar a la OEA al no conseguir el apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos. Solo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y Bolivia apoyaron su propuesta inicial de disolver o reemplazar a la OEA. La idea de reemplazar a la OEA por la CELAC o una institución parecida era un poco descabellada de entrada. La CELAC es una institución que existe principalmente en el papel: no tiene una sede ni una conducción permanente ni personal ni financiamiento. Además, no incluye a Brasil, Canadá ni Estados Unidos. En comparación, la OEA tiene un presupuesto anual de US$80 millones de dólares, una plantilla de unas 400 personas, una Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y varias agencias. Se necesitarían años, si no décadas, para reemplazar estas instituciones. Lo más probable es que López Obrador intensificó su retórica a favor de Cuba y de la CELAC por razones políticas internas.

 Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que surja un bloque radical de izquierda en el futuro. El sueño de los partidarios de la dictadura cubana es que, tras la reciente victoria de la extrema izquierda en el Perú, sean los candidatos de izquierda los que ganen las elecciones del 21 de noviembre en Chile, las de Brasil y Colombia en el 2022, y que el Gobierno de Argentina logre superar de alguna manera su actual crisis. Pero, incluso en el poco probable caso de que pasaran todas estas cosas, a fines del año próximo, López Obrador estará al final de su mandato y, por lo tanto, tendrá menos peso político. Por el momento, no habrá ninguna “marea rosa” en la región, y mucho menos, una liderada por México.